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Sara Hernández Contra Los Trabajadores de LYMA

Han pasado más de 4 años desde que el Ayuntamiento de Getafe, encabezado por Sara Hernandez (PSOE), despidiera a 26 trabajadores de la empresa municipal de Limpieza Y Medio Ambiente (LYMA). Para quienes no conozcáis el conflicto, tras los despidos se inició una campaña por la readmisión que hizo reflexionar a muchos sobre la miseria que vive la clase trabajadora, y sobre el significado que cobran la unidad, la solidaridad y la organización.

el comité por la readmisión de los despedidos de LYMA se manifiesta durante el carnaval de 2019.
Foto: el comité por la readmisión de los despedidos de LYMA se manifiesta durante el carnaval de 2019.

No nos detendremos demasiado en la causa de los despidos. Estos se justificaron bajo el pretexto de que los trabajadores habían creado unas facturas falsas, siendo acusados de corrupción. Algo que llama la atención es cómo se puede retorcer la realidad hasta el punto de considerar “corrupción” a un supuesto pago de ortodoncias, pidiendo hasta penas de cárcel para estas trabajadoras, mientras que políticos y banqueros que se han robado millones están en libertad sin cargos, o en el mejor de los casos han pasado unas fabulosas vacaciones en alguna de esas “cárceles de lujo”.

Pero las oportunidades las pintan calvas, y está claro que a la excelentísima alcaldesa Sara Hernández le convenía usar a estos 26 trabajadores como cabezas de turco para pregonar que en LYMA ya no iba a haber corrupción. Para hacerlo, movilizó la opinión de que los despidos estaban justificados a través de los periódicos municipales y de sus votantes fieles. No era raro que algún vecino de Getafe (no precisamente de clase trabajadora y humilde), al ver a los despedidos manifestándose frente al ayto, pusiera cara de asco o les gritara ¡ladrones!

Lo que sí fue asombroso es cómo la opinión pública cambió con el tiempo. Con la creación del Comité por la Readmisión se comenzaron a buscar apoyos entre el pueblo getafense. De esta forma, se unieron varias causas, como la de los pensionistas o varios movimientos vecinales. Entre las distintas formas de lucha que se llevaron a cabo, destacan los escraches a la alcaldesa, a los cuales se solía unir algún que otro vecino descontento, o directamente medio barrio, como pasó en las Margaritas. 

El trabajo dio sus frutos durante la cabalgata de carnaval de 2019, a la cual el comité de despedidos se unió disfrazado como un cortejo más. La gente aplaudía, hacía fotos y seguía los cánticos de los trabajadores. Igual de buena recepción tuvo la movilización de mayo previa a las elecciones, en la que los trabajadores acamparon junto a la gente que les apoyaba frente al ayuntamiento. A pesar del acoso de la policía y del silencio mediático, la acampada permaneció durante semanas informando a los vecinos y exigiendo la readmisión. 

Sin embargo, más de dos años después de aquello, con varios juicios ganados y con el apoyo del pueblo, todavía no se ha logrado la readmisión. De hecho, existen hasta tres mociones del pleno del ayuntamiento en las que se aprueba por mayoría la reintegración de los despedidos en sus puestos de trabajo, las cuales el gobierno de Sara Hernandez no pretende cumplir [1]. Resulta realmente extraño cómo una persona puede asumir mancharse tanto las manos incumpliendo las mociones o gastando más de 200.000 euros del fondo público en juicios, con tal de no readmitir a estos trabajadores [2]. Ante esto, sólo caben dos explicaciones posibles ante su “contundencia”: o bien se trata de una cuestión de inquina personal de Sara contra los despedidos, o bien hay intereses en juego, como puede ser mantener al comité por la readmisión separados de la plantilla de LYMA. En nuestra humilde opinión, se trata de una conjunción de ambas, a pesar de los intentos de la alcaldesa de lavar su imagen pintándose de feminista y defensora de los derechos de la clase obrera. 

Los años pasan factura, y ponen a cada uno en su lugar. La lucha de los trabajadores despedidos de LYMA, que ahora reanuda su marcha, tiene que trascender los límites de su conflicto, tal como se hizo durante todos estos años. El apoyo de los pensionistas, de la juventud obrera, de las asambleas de barrio y en general, de los trabajadores de cualquier empresa y oficio, es lo que puede dar el impulso necesario para conseguir la readmisión. 

No nos detendremos demasiado en la causa de los despidos. Estos se justificaron bajo el pretexto de que los trabajadores habían creado unas facturas falsas, siendo acusados de corrupción. Algo que llama la atención es cómo se puede retorcer la realidad hasta el punto de considerar “corrupción” a un supuesto pago de ortodoncias, pidiendo hasta penas de cárcel para estas trabajadoras, mientras que políticos y banqueros que se han robado millones están en libertad sin cargos, o en el mejor de los casos han pasado unas fabulosas vacaciones en alguna de esas “cárceles de lujo”.

Pero las oportunidades las pintan calvas, y está claro que a la excelentísima alcaldesa Sara Hernández le convenía usar a estos 26 trabajadores como cabezas de turco para pregonar que en LYMA ya no iba a haber corrupción. Para hacerlo, movilizó la opinión de que los despidos estaban justificados a través de los periódicos municipales y de sus votantes fieles. No era raro que algún vecino de Getafe (no precisamente de clase trabajadora y humilde), al ver a los despedidos manifestándose frente al ayto, pusiera cara de asco o les gritara ¡ladrones!

Lo que sí fue asombroso es cómo la opinión pública cambió con el tiempo. Con la creación del Comité por la Readmisión se comenzaron a buscar apoyos entre el pueblo getafense. De esta forma, se unieron varias causas, como la de los pensionistas o varios movimientos vecinales. Entre las distintas formas de lucha que se llevaron a cabo, destacan los escraches a la alcaldesa, a los cuales se solía unir algún que otro vecino descontento, o directamente medio barrio, como pasó en las Margaritas. 

El trabajo dio sus frutos durante la cabalgata de carnaval de 2019, a la cual el comité de despedidos se unió disfrazado como un cortejo más. La gente aplaudía, hacía fotos y seguía los cánticos de los trabajadores. Igual de buena recepción tuvo la movilización de mayo previa a las elecciones, en la que los trabajadores acamparon junto a la gente que les apoyaba frente al ayuntamiento. A pesar del acoso de la policía y del silencio mediático, la acampada permaneció durante semanas informando a los vecinos y exigiendo la readmisión. 

Sin embargo, más de dos años después de aquello, con varios juicios ganados y con el apoyo del pueblo, todavía no se ha logrado la readmisión. De hecho, existen hasta tres mociones del pleno del ayuntamiento en las que se aprueba por mayoría la reintegración de los despedidos en sus puestos de trabajo, las cuales el gobierno de Sara Hernandez no pretende cumplir [1]. Resulta realmente extraño cómo una persona puede asumir mancharse tanto las manos incumpliendo las mociones o gastando más de 200.000 euros del fondo público en juicios, con tal de no readmitir a estos trabajadores [2]. Ante esto, sólo caben dos explicaciones posibles ante su “contundencia”: o bien se trata de una cuestión de inquina personal de Sara contra los despedidos, o bien hay intereses en juego, como puede ser mantener al comité por la readmisión separados de la plantilla de LYMA. En nuestra humilde opinión, se trata de una conjunción de ambas, a pesar de los intentos de la alcaldesa de lavar su imagen pintándose de feminista y defensora de los derechos de la clase obrera. 

Los años pasan factura, y ponen a cada uno en su lugar. La lucha de los trabajadores despedidos de LYMA, que ahora reanuda su marcha, tiene que trascender los límites de su conflicto, tal como se hizo durante todos estos años. El apoyo de los pensionistas, de la juventud obrera, de las asambleas de barrio y en general, de los trabajadores de cualquier empresa y oficio, es lo que puede dar el impulso necesario para conseguir la readmisión. 

1. La cosa está bien clara: las resoluciones políticas no tienen peso por sí mismas, sino que dependen de intereses que están por encima. Dependiendo de las circunstancias, una misma norma puede ser aplicada con la mayor contundencia, o convertirse en papel mojado.

2. Basta con recordar el caso de Natacha, de Carrefour. La multinacional no escatimó en gastos de juicios e indemnizaciones con tal de no readmitir a la trabajadora.

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