La lucha entre el Estado español y el movimiento solidario con Pablo Hasél se remonta a varios años atrás. El rapero catalán acumula varias condenas relacionadas con sus canciones que le podrían meter de 9 meses a 4 años y medio en la cárcel, a los que se les pueden sumar más años de condena debido a su militancia comunista. Esta situación está encendiendo la llama de la solidaridad por todo el Estado, surgiendo así numerosas movilizaciones que exigen su libertad y la del resto de presos políticos. En definitiva, el caso de Hasel pone en evidencia la ausencia del derecho a la libertad de expresión y la alianza entre los tribunales burgueses, los medios de comunicación capitalistas y el Gobierno (sea éste del PP o de PSOE-UP).
EL ENCARCELAMIENTO DE UN RAPERO
Repasemos a grosso modo por qué se condena a Hasél.
En primer lugar, las “injurias a la Corona”. Esta condena (de 2018) ha sido, principalmente, por una serie de tweets que el rapero publicaba sobre el rey Juan Carlos I, algunos de ellos simplemente informativos, que tuvieron lugar en 2014-2016. Pero, ¿cuál era el contexto que rodeaba a estos tweets? Recordemos que en estos años estábamos a las puertas del agitadísimo 1º de Octubre independentista de Catalunya; un momento histórico en el que el procés catalán que impulsaba la burguesía se veía arrollado por las masas populares que buscaban un cambio más profundo, donde se unieron otros ejes reivindicativos como el propio rechazo a la Corona. Es por esto que aunque mucha gente a priori no se viera representada por las exigencias cívico-políticas de Junts pel Sí, acabaron sumándose al independentismo por su potencial como forma de lucha contra la monarquía española y la represión. Esto suponía desde el primer momento un riesgo enorme para el Estado.
El problema real detrás de esto es la absoluta laxitud con la que se están reconociendo jurídicamente los casos de enaltecimiento al terrorismo.
En segundo lugar, están las “injurias a las fuerzas de seguridad del Estado”.
La lucha antirrepresiva es, en sí misma, un foco recurrente de represión, en tanto que desenmascara al Estado mostrando su carácter más brutal, su línea de defensa armada del capitalismo. Y en un Estado imperialista como es España se producen con una pasmosa frecuencia casos que ponen en evidencia este carácter: los asesinatos de inmigrantes en las fronteras; las torturas y humillaciones en cárceles y calabozos; los montajes policiales; el espionaje; las palizas a pie de calle; la represión sindical, y un sinfín de hechos. El quid de la cuestión está en que esta barbarie no se desata porque a los miembros de las FCSE les apetezca, sino que ésta es una consecuencia inevitable de que la oligarquía financiera ostente no sólo el poder económico, sino también el poder político. La explotación constante de la clase trabajadora, en unas condiciones cada vez más miserables, requiere esta maquinaria represiva para mantenerse en pie. No puede suceder de ninguna otra forma: tienen que sembrar el miedo dentro y fuera de las fronteras.
El encierro en el rectorado de la Universidad de Lleida sirvió para visibilizar el caso y para llamar a la solidaridad al resto de organizaciones populares del Estado.
Por último, y siendo esta la consigna repetida una y otra vez por la prensa burguesa, Pablo Hasél ha sido condenado por “enaltecimiento al terrorismo”.
Aquí entra en juego una vez más el fantasma del terrorismo, el cual gobiernos del PSOE y del PP se han encargado de extinguir mediante la guerra sucia, el tráfico de drogas y asesinatos directos. Dicho fantasma, no obstante, se han encargado de mantenerlo tan vivo como han podido, como reflejan los casos represivos por causas relacionadas con el terrorismo. Entre 2004 y 2020, ha habido 122 condenas por enaltecimiento al terrorismo (El Salto Diario), periodo en el cual no existe ningún reducto de actividad guerrillera en el Estado. El problema real detrás de esto es la absoluta laxitud con la que se están reconociendo jurídicamente los casos de enaltecimiento al terrorismo. Cualquier expresión de odio hacia una ‘víctima del terrorismo’, apelativo que se ha venido aplicando hasta para fascistas armados, puede ser visto como un enaltecimiento del mismo. Celebrar las victorias del antifascismo se puede convertir, a ojos de los tribunales burgueses, en delito de odio y enaltecimiento del terrorismo.
ACERCA DE LAS CONSIGUIENTES MOVILIZACIONES
En Lleida, la ciudad de Pablo, el movimiento solidario ha resistido hasta el último momento para evitar su encarcelamiento. El encierro en el rectorado de la Universidad de Lleida sirvió para visibilizar el caso y para llamar a la solidaridad al resto de organizaciones populares del Estado. Cuando los altos mandos del Estado deciden encarcelar a tal o cual comunista, y se define esto como una necesidad estratégica, ni recursos legales como el de súplica ni ninguna forma de claudicación sirve para evitar su encarcelamiento.A partir de su encarcelamiento, todo el territorio español se convirtió en un polvorín. Al día siguiente de que secuestraran al rapero, el martes 16 de febrero, se convocaron concentraciones en 53 localidades. Contando también durante la semana siguiente al suceso, se llegaron a ocupar plazas de hasta 102 localidades. Todo este descontento popular está asimismo ligado a lo ocurrido en Linares (Jaén) tan sólo tres días antes, donde dos policías le pegaron una paliza a un transeúnte tras increpar a la hija del mismo. A los 13 detenidos y al disparado con fuego real en la correspondiente manifestación, hay que sumarle todos los represaliados de los días siguiente en las manifestaciones por Pablo Hasél: 19 en Madrid, 8 en Valencia y la friolera de 109 en Catalunya. Y, como no, con el apoyo moral de los medios burgueses y su compasión por el mobiliario urbano, las brigadas de información continuaron investigando y persiguiendo a algunos manifestantes a posteriori, lo cual terminó con más detenciones.Los sucesos de estas semanas ponen en evidencia que hay un sentir popular que no ve la solución ni en las reformas, ni en “cambios desde dentro”, ni en nada que implique seguir al partido oportunista de turno.
Al calor de estas propuestas, Unidas Podemos y PSOE lanzan la promesa de que reformarán el Código Penal para impedir que los delitos de opinión pudieran llevar a condenas de prisión (dejando la puerta abierta a mantener las sanciones económicas). Mientras tanto, la fiscalía, órgano dependiente del Gobierno, rechaza el recurso de súplica de la defensa. Todo está dispuesto para que dé la sensación de que apoyan las causas populares, liquidar la movilización popular, y poder seguir vendiendo humo. Sin embargo, los sucesos de estas semanas ponen en evidencia que hay un sentir popular que no ve la solución ni en las reformas, ni en “cambios desde dentro”, ni en nada que implique seguir al partido oportunista de turno. El pueblo defiende sus ideas levantando barricadas.La lucha antirrepresiva es, en sí misma, un foco recurrente de represión, en tanto que desenmascara al Estado mostrando su carácter más brutal, su línea de defensa armada del capitalismo.
