Se cumplen seis meses del secuestro en Polonia del periodista español Pablo González, que sigue incomunicado en una cárcel polaca a la espera de un juicio formal. Fue detenido arbitrariamente el 28 de febrero -tan solo cuatro días después de esta nueva fase de la guerra- y acusado de “espionaje ruso” mientras reportaba la crisis migratoria desde la ciudad polaca de Przemyśl, en la frontera con Ucrania.
Según las autoridades del régimen polaco, Pablo participaba en actividades de inteligencia extranjera contra Polonia y, como “agente de inteligencia ruso”, aprovechaba su condición de periodista para moverse entre países y conseguir información confidencial. Se trata de una acusación que puede acarrear hasta diez años de prisión en este país.
Pablo González Yagüe es periodista y politólogo, experto en geopolítica y colaborador habitual de medios como Público, La Sexta o la agencia EFE. Hijo de los llamados Niños de Rusia, ha cubierto diversos conflictos como el enfrentamiento armado del Alto Karabaj, la crisis de los refugiados o la guerra en el Dombás, siempre desde una postura profesional con un punto de vista independiente. Su estancia en Polonia cumplía tal objetivo: informar sobre la nueva escalada bélica en Ucrania.
Cuando se cumplen seis meses de su encarcelamiento, la “justicia” polaca ha solicitado -por segunda vez- que se prorrogue tres meses más la detención bajo el pretexto de una posible fuga, en un claro ejemplo de represión política en un país de la Unión Europea. Una Unión Europea cada vez más cercana a posiciones de extrema derecha, en la que se reprime a las disidencias políticas y se censura a periodistas y medios incómodos, mientras grupos fascistas campan a sus anchas recibiendo todo el apoyo institucional y mediático. El ejemplo más reciente es la prohibición en toda la UE de la emisión de los medios de comunicación rusos RT y Sputnik, bajo la alegación de “manipulación informativa” con una inconcebible unanimidad institucional y del espectro político. Igualmente, tampoco hay que olvidar la detención en Tarragona del periodista ucraniano Anatoli Sharí, acusado de “prorruso” y refugiado en nuestro país, realizada por la policía española a solicitud del gobierno títere de Zelensky. Tras huir de Ucrania, este periodista y su familia solicitaron protección tras sufrir decenas de amenazas y ataques por parte de neonazis ucranianos afincados en España, con su detención como única respuesta institucional.
Incomunicado y sin garantías
De acuerdo con Gonzalo Boye, el abogado de Pablo González en España, las autoridades polacas lo mantienen en la cárcel de Rzeswów debido a su doble nacionalidad española y rusa, y no solo no han presentado pruebas contra él, sino que lo tienen incomunicado y sin poder contactar con su familia, con el fin de doblegar su voluntad y obligarle a aceptar falsas acusaciones. Tan solo se han podido recibir dos cartas suyas con meses de retraso, y su abogado polaco asignado no le facilita ninguna información ya que “la legislación polaca lo prohíbe”.
Ante esta situación, el gobierno español no ha ofrecido solución alguna y se ha limitado a lanzar proclamas vacías ante un caso más de flagrante persecución política dentro de las fronteras europeas. El ejecutivo se lava las manos remitiéndose a los tribunales polacos para la resolución del caso, unos tribunales que hostigan a partidos y organizaciones de izquierda, persiguen a minorías y permiten las autodenominadas “zonas libres de LGTB” en decenas de localidades del país. Asimismo, son partícipes de la grave situación que periodistas y medios polacos encuentran tras la aprobación de la Ley de los Medios Públicos en 2016, con la cual se ha llevado a cabo un “estrangulamiento de medios públicos y privados con multas astronómicas y trabas permanentes a los periodistas críticos”.1
Todo ello en una muestra más de la hipocresía de la supuesta libertad de prensa para el (neo)liberalismo, que ofrece derechos reales únicamente a los medios serviles y no críticos con la agenda del imperialismo. Mientras se persigue a periodistas y se clausuran medios de comunicación -desde Ardi Beltza y Egunkaria hasta la ya citada RT-, se lanzan millonarias campañas de apoyo a la “libertad de expresión” en países fuera de la órbita de la OTAN, como Venezuela o Nicaragua, en claros intentos de desestabilización e injerencia política, que demuestran el carácter de clase del Estado sea del color que sea su gobierno. Una auténtica labor de censura y persecución política en el corazón del imperialismo europeo que no busca más que acallar las voces populares y disidentes.
Libertad sin cargos para el periodista Pablo González.
