Un año de pandemia más tarde, se ha instaurado en nuestros barrios una política sanitaria que no se ha desmarcado del modelo privatizador de la sanidad que ya popularizó Esperanza Aguirre en Madrid. Una política calculada, lenta pero imparable, que no podría haberse llevado a cabo sin la complacencia y la aprobación de la izquierda política y sindical del Estado.
La mejor sanidad del mundo
La Sanidad en nuestro Estado ha sido siempre motivo de orgullo. Se le ha considerado durante años la mejor Sanidad de Europa o del mundo. Claramente, si es que alguna vez llegó a ser verdad, ya no es así. Hace ya tiempo que nos encontramos a la cola de Europa en camas y en personal hospitalario: si Europa cuenta de media con 5 camas de unidades de cuidados intensivos (UCIs) por cada mil habitantes, en Madrid en concreto contamos con 2. De igual manera nos ocurre con el personal de enfermería. La relación que tiene esta situación con el hecho de haber sido de los países más castigados por la crisis del COVID es evidente, hacer frente a una crisis de esta magnitud cuando a duras penas hacíamos frente al día a día solo podía llevar a catástrofe. Y no, no es responsabilidad únicamente de Ayuso, por mucho que nos gustaría.
La crisis en el sur
Es en las ciudades del sur de Madrid donde los hospitales han estado más saturados; con equipos de protección individual racionalizados, caseros, o donados por redes de apoyo mutuo en un tremendo despliegue de solidaridad y compromiso. Completamente infradotados de personal y de medios, los profesionales hicieron frente a las oleadas de personas como pudieron. En algunos casos sin colaboración por parte de la dirección del propio hospital. En el hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés (HUSO), dirigido por Domingo del Cacho, declaran los trabajadores que no fue hasta bien entrada la pandemia que este permitió a los celadores portar mascarillas porque “daban mala imagen”. Una vez pasada la primera ola, los trabajadores del HUSO exigieron sin éxito la dimisión del gerente.
Fue también en Leganés donde más afectaría el escándalo de las residencias de mayores, aquellas en manos privadas y sin medicalizar. Llegaron a fallecer allí 266 personas en cuestión de un mes. Una de esas empresas, Vitalia, en manos del fondo de inversión británico CVC, acumularía 96 de las 266 muertes. Precisamente contra esta residencia se ha presentado y admitido a trámite una querella en el juzgado de instrucción 5 de Leganés por delitos de homicidio y denegación de socorro a raíz de estas muertes.
Responsables a diestro y siniestro
Los eventos no deben estudiarse de manera aislada, y que sea Madrid una de las comunidades autónomas más afectadas por la crisis sanitaria, con especial énfasis en las ciudades del sur, tiene motivos y causas.
Muchas personas apuntan a la privatización de la sanidad que Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid del 2003 al 2012, estuvo llevando a cabo en la comunidad. Sobre todo en este periodo de elecciones (04/05/2021), no es de extrañar que se llegue a la conveniente conclusión por parte de mucha izquierda que el comienzo del fin de la Sanidad Pública no se remonta más allá del Tamayazo de Esperanza Aguirre. Sin embargo, no podrían estar más equivocados. La realidad, por mucho que nos cueste admitir, es que los mayores males de los liberales en Madrid no se han llevado a cabo de forma ilegal.
La función social de la sanidad pública
Tras la crisis de 1975, en un momento de fragilidad de la economía española, las inversiones extranjeras directas (IED) ascienden en el Estado Español hasta llegar a multiplicarse por 2,5. Pasan de 607 millones de dólares en 1977 a los 1.492 en 1980. La mayor parte como capital europeo, anticipándose a la inminente entrada del Estado a Español a la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1985. Es entonces, al entrar en el bloque imperialista de la Unión Europea, que pasa a beneficiarse de estas vías de flujo de capital. Aumenta enormemente el IED, las ayudas, préstamos y las inversiones de cartera.
Tan sólo la IED se multiplicó por 44, pasando de los 1.492 millones de dólares de 1980 a los 66.000 millones de 1990. Esta super plusvalía extraída genera beneficios al Estado que permite asegurar servicios básicos como educación, transporte y sanidad pública. Estos servicios eran necesarios para garantizar el nivel de vida de la población obrera en Europa, que seguía amenazada por el ejemplo cercano que la Unión Soviética supone como alternativa a la democracia capitalista. No es hasta la caída del bloque soviético y el posterior declive de la hegemonía imperialista occidental que la Unión Europea pierde la capacidad – y la necesidad – de garantizar servicios y comienza la liberalización del mercado. La Sanidad, siendo uno de los principales gastos del Estado, no se salva de este proceso.
Reforma Sanitaria
En 1986 y en 1997 cuando la clase obrera perdería decisivas batalla de cara a la reforma de la sanidad. En 1986 se incluye en la ley general de Sanidad el artículo 90, que permite ya la externalización de servicios ligados directamente a la práctica sanitaria (intervenciones quirúrgicas, diagnóstico por imagen, laboratorios…) Pero el gran golpe sería en 1997, que se aprobaría la ley 15/97, la responsable del famoso concepto de “gestión privada de los hospitales públicos”.
Esta última sería el principal arma de Aguirre y sus consejeros para traspasar, o tirar abajo, lo construido por lo público. ¿Pero fueron estos cambios legislativos movidos exclusivamente por el PP? La respuesta es un contundente no. El PSOE votó, junto a sus compañeros del PP, a favor sin titubear. Para rematar, CCOO valoró “positivamente” la gestión privada de la sanidad pública en una infame nota de prensa de febrero de 1997.
Cronología de la privatización de sanidad.
Las consecuencias de estas leyes fueron demoledoras. Dieron luz verde al proceso de privatización de la sanidad. Se crearon hasta 5 hospitales de colaboración público-privada (PPP por sus siglas en inglés), 4 de ellos adjudicados a Quirón Salud (emporio forjado al calor de los favores franquistas y actualmente propiedad de la empresa alemana Fresenius) y uno adjudicado a Ribera Salud (90% capital norteamericano, 10% Banco Sabadell). La creación de estos centros cumple el doble propósito de privatizar gradualmente la sanidad y de debilitar la sanidad que se mantiene funcionalmente pública mediante el traslado forzoso de personal. Los hospitales de los que se ha sustraído plantilla quedan permanentemente mermados, dado que no se convocan oposiciones adicionales para cubrir los desplazamientos. El ejemplo más reciente de este mismo modus operandi sería el Pabellón Isabel Zendal, que aunque su gestión todavía es pública, múltiples servicios han sido adjudicados a Telefónica. Además, el traslado de personal desde otros centros de Madrid no se ha dado sin ciertas dosis de chantaje y coacción.
La derecha continuaría a lo largo de los años externalizando distintos elementos de la sanidad, como la gestión de citas médicas, que se adjudicaría a INDRA, la creación del laboratorio central (UNILABS & Ribera Salud) junto al cierre de los laboratorios públicos, o la creación de las Fundaciones que privatizan la investigación en los hospitales.
Es complicado entonar aquella consigna popular que canta “La sanidad no se vende, la sanidad se defiende”. La sanidad ya ha sido, a todas luces, vendida por piezas.
Una lucha fracturada
Durante todo este proceso, el pueblo de Madrid no ha estado callado y se han organizado movimientos muy fuertes en defensa de la sanidad. Destacan entre otras la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), que lleva desde 2004 exigiendo la derogación de la ley 15/97. Con este propósito, se organizaron a finales de febrero múltiples movilizaciones a nivel estatal con la derogación como consigna. A su vez, la plataforma por la defensa de la Sanidad (29 Marzo), y la Marea Blanca (17 Abril) también han organizado movilizaciones en Madrid.
Resalta la ausencia de unidad entre las organizaciones que se movilizan en defensa de la sanidad, y sin conocer la historia de cómo el proceso de privatización se ha llevado a cabo sería difícil identificar las razones de esta situación. Sin embargo, no hace falta indagar demasiado para que uno se de cuenta de que entre las reivindicaciones de la Marea Blanca, no se encuentra la derogación de la ley 15/97 ni del artículo 90 de la ley general de sanidad. No es de extrañar, puesto que entre las entidades organizadoras se encuentran CCOO y UGT. CCOO respaldó explícitamente la implantación de la ley y UGT oferta seguros privados a sus afiliados. A raíz de este posicionamiento, ambos sindicatos se niegan en rotundo a poner el foco más allá de Ayuso o de la derecha en abstracto.
Como si la izquierda institucional de este estado no haya dejado claro ya, en contra de lo prometido en campaña, su rechazo a reformar las leyes privatizadoras: tanto PSOE como Podemos han llevado en sus programas la derogación de la ley 15/97, y tanto PSOE como Podemos lo han retirado una vez llegaron al gobierno. Gobierno que, incluso estando amparado por el estado de alarma, se negó a hacer uso de la infraestructura de la sanidad privada para paliar el sangrante desbordamiento de los hospitales públicos en los peores momentos de la crisis del COVID. Teniendo el respaldo legal para hacerlo dejó que muriera gente por los pasillos de la sanidad pública antes que tocarle un pelo al capital de la sanidad privada.
Está claro que la derecha va a impulsar la privatización de la sanidad cuando tiene la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, cuando por fin gobierna el cambio, no se recupera ni una pizca de lo perdido. Tampoco aprovecha las medidas excepcionales del Estado de alarma para paliar temporalmente las consecuencias de la privatización. ¿Ausencia de voluntad, incapacidad, incompetencia…? Escoja su preferida, porque no importa. La realidad es que el Estado Español, en consonancia con Europa y como estado burgués que es, se limita a cumplir su papel como consejo de administración del gran capital, inclusive el sanitario. Y la reforma, a la vista está, tiene las patas muy cortas.
