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La Farsa de la vivienda pública

Llevamos años en los que las dificultades para poder acceder a una vivienda cada vez son mayores. Ante esta situación, es habitual encontrar entre las organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda la demanda de que se construya más “vivienda social”. También se señala, aunque quizá con menos frecuencia, el número de viviendas vacías que existen en el Estado español. Este artículo pretende exponer cómo las instituciones han aplicado hasta ahora medidas en un sentido o en otro, con el objetivo de reflexionar sobre el uso de las demandas al Estado por parte de los movimientos sociales.

Número de viviendas vacías | Número de viviendas de uso esporádico, municipios del sur de Madrid. Fuente: INE (Censo de Población y Viviendas 2021)
Número de viviendas vacías | Número de viviendas de uso esporádico, municipios del sur de Madrid. Fuente: INE (Censo de Población y Viviendas 2021)

El 2 de octubre de 2023 se constituyó la Plataforma por el Derecho Humano a la Vivienda, formada por el Sindicato de Inquilinas, CCOO, UGT o Provivienda, entre otras organizaciones. En su manifiesto, se presenta una lista de demandas principalmente dirigidas al gobierno de la Comunidad de Madrid. La estrategia de esta plataforma (además de su composición) ha sido criticada por otras organizaciones del movimiento de vivienda de Madrid. En concreto, el comunicado de la Asamblea de Vivienda de Villalba incidía especialmente en el punto en el que la plataforma demandaba un “incremento importante, urgente y progresivo del parque de vivienda social”, alertando de las trampas de la colaboración público-privada para la construcción de viviendas, y llamando a poner el foco en la vivienda vacía.

El debate de fondo que plantean estos comunicados, creemos que acertadamente, gira en torno a la utilidad que tienen las reformas para los movimientos sociales. Y es en ese sentido en el que queremos desarrollar brevemente qué ha supuesto hasta ahora la construcción de vivienda pública, pero sin olvidar que las instituciones también tienen muy en cuenta la existencia de vivienda vacía.

La construcción de vivienda y la colaboración público-privada

Las viviendas de protección oficial (VPO) se construyen con apoyo económico del Estado, con el requisito de que su precio sea inferior al de mercado (en la medida que fije el Plan de Vivienda correspondiente). Las personas que acceden a ellas mediante compra o alquiler deben tener una renta que no sobrepase un máximo determinado y usarlas inicialmente como su vivienda principal, de forma que no pueden venderse. A menudo, pasado el periodo de protección que se haya determinado, se descalifican como VPO para pasar a ser vivienda libre.

Si miramos la historia reciente de la vivienda pública en el contexto español, comprobamos que la vivienda protegida de compraventa fue un mecanismo clave en el aumento de propietarios de vivienda en el tardofranquismo (resumida en la frase del Ministro de Vivienda, Arrese, Prefiero un país de propietarios y no un país de proletarios) y que a partir de comienzos del siglo XXI el porcentaje de vivienda pública sobre el total de vivienda construida se reduce drásticamente. Además, las VPO destinadas a alquiler han tenido un peso mucho menor que la compraventa, y esto ha provocado que el “parque de vivienda pública” haya terminado en manos de una parte determinada de la población (entre otras, en el grueso de los “pequeños propietarios”).

Hoy en día, el Gobierno anuncia el aumento del número de viviendas públicas con 100.000 viviendas de nueva construcción destinadas a alquiler, 50.000 viviendas de SAREB y 43.000 viviendas provenientes de los Fondos Europeos. Es la mayor construcción de vivienda pública de la última década que, junto con el mayor peso del alquiler, podría sugerir que hay un cambio de tendencia gracias al gobierno más progresista de la Unión Europea (o como haya decidido calificarse a sí mismo esta legislatura).

Pero en el sur de Madrid tenemos ejemplos recientes muy claros sobre lo que significa la construcción de vivienda pública para alquiler. EMSULE, la Empresa Municipal del Suelo de Leganés, ha iniciado en 2023 la construcción de viviendas destinadas al alquiler tras 20 años desde la última promoción. La mensualidad de estos alquileres, eso sí, ronda los 650 euros. Las reglas de solvencia que usa el propio mercado del alquiler, que hace auténticos castings para seleccionar a sus inquilinos, fijan en un 30% de la renta el máximo a dedicar a la mensualidad. Las afortunadas a las que se les conceda una de estas viviendas del EMSULE sólo podrían respetar ese baremo con unos ingresos netos del hogar de 2.166 euros mensuales.

Tal y como están las cosas, 650 euros al mes está por debajo del precio de mercado en Leganés, es cierto. Por eso, la construcción de esas viviendas para alquiler funcionan como subsidio del Ayuntamiento a quienes pueden permitirse una mensualidad así. El resto de la población que se queda fuera, no obstante, seguirá teniendo que juntar varios sueldos en pisos compartidos a precio de mercado (o a precio muy superior al mercado en los casos en los que la falta de papeles te expulsa desde el mercado regular de alquiler al hacinamiento en habitaciones subarrendadas).

Pero este tipo de promociones no son sólo una subvención a los núcleos de convivencia con ingresos de más de 2.000 euros al mes. Si atendemos a las posiciones de empresas constructoras y promotoras sobre la vivienda social, una idea se repite constantemente: la vivienda social asequible no es rentable si no es mediante la colaboración público-privada. Es decir, si no es el Estado el que cede parte de sus recursos para garantizarles la rentabilidad. Y así ocurre con frecuencia: la reducción respecto al precio se produce manteniendo la rentabilidad de las empresas constructoras bajo la fórmula de colaboración público-privada, donde el Estado garantiza la cuota de beneficios empresariales.

Sumado a todo esto, vemos que el tipo de VPO que se construye tiende a seguir el modelo de ensanches en las periferias de los núcleos urbanos, con urbanizaciones cerradas pensadas para desplazarse en coche. Desde los movimientos sociales sabemos bien que son barrios inertes políticamente, donde la organización vecinal es mucho más difícil.

Si el objetivo de los movimientos sociales fuera que se construyera más vivienda pública, tendríamos buenas noticias: ya se está haciendo. Que se ponga el peso en una demanda como esta, más aún sin atender a ninguno de los problemas que acarrea, parece más propio de quien pretende reforzar la posición de algún bloque del Parlamento que de quien pretende organizar un movimiento capaz de luchar por el derecho a la vivienda.

Como respuesta a esto, parece razonable poner el foco en el elefante en la habitación: la gran cantidad de vivienda vacía en el Estado español. Pero, como veremos a continuación, la vivienda vacía no es algo que las instituciones hayan olvidado.

La movilización de vivienda vacía no está libre de trampas

Según el Censo de Población y Viviendas de 2021, en el territorio español hay 3,8 millones de viviendas vacías y 2,5 millones de viviendas que tienen un uso esporádico (el 14% y el 9% respectivamente de un total de 26,6 millones de viviendas). De cederse para el uso que cualquiera esperaría de una vivienda (habitarla), el problema de la vivienda estaría solucionado al instante. Cuesta no recordar aquella frase de Engels:

“Lo cierto, sin embargo, es que ya hoy existen en las grandes ciudades edificios suficientes para remediar en seguida, si se les diese un empleo racional, toda verdadera «penuria de la vivienda». Esto sólo puede lograrse, naturalmente, expropiando a los actuales poseedores y alojando en sus casas a los obreros que carecen de vivienda o que viven hacinados en la suya. Y tan pronto como el proletariado conquiste el poder político, esta medida, impuesta por los intereses del bien público, será de tan fácil ejecución como lo son hoy las otras expropiaciones y las requisas de viviendas que lleva a cabo el Estado actual.”

Engels (1872-73), Contribución al problema de la vivienda

Lo sangrante de estos números suele intentar matizarse aludiendo a que las viviendas vacías suelen encontrarse en zonas con muy poca densidad de población, pocos servicios y pocas oportunidades de trabajo (la llamada “España vaciada”), y a que muchas de ellas están en ruinas o requieren una reforma mayor. Por su parte, las viviendas de uso esporádico están en zonas de costa destinadas principalmente al turismo, por lo que tienen problemas similares. 

Efectivamente, las viviendas se usan para habitarlas en territorios donde hay trabajo. Esto explica que, si tomamos los municipios que recorre el Metrosur (Alcorcón, Leganés, Getafe, Fuenlabrada y Móstoles), observamos que “sólo” hay en torno a un 3% de vivienda vacía y un 6% de vivienda de uso esporádico. Pero, por mucho que esto parezca matizar la cuestión flagrante de la vivienda vacía, estamos hablando de 34.000 viviendas. Por ponerlo en perspectiva, el ambicioso plan del EMSULE, despertando de su letargo para construir por primera vez en décadas, suma un total de 344 entre las destinadas a compraventa y a alquiler.

Parece que la propiedad privada de la vivienda bloquea cualquier intervención sobre la vivienda vacía si no es en un contexto revolucionario de expropiación masiva. Pero nada más lejos de la realidad: las instituciones no han obviado la oportunidad de “movilizar vivienda vacía”. Eso sí, en un sentido radicalmente distinto a la expropiación de la que hablaba Engels.

El Programa Reviva de la EMVS es una clara muestra de ello: el Ayuntamiento se encarga de la gestión del alquiler, les ahorra el IBI a los propietarios, les presta sin interés el dinero para reformar la vivienda si no es habitable actualmente (reforma de la que, además, paga el IVA) y garantiza el pago de las rentas cada mes. De nuevo, esto es una transferencia de las instituciones a un sector determinado de la población. Esta vez, a los pequeños propietarios (en muchos casos, los mismos que ahora están heredando las VPO que compraron sus familiares durante el tardofranquismo). 

La irracionalidad del mercado del alquiler se ha desatado hasta tal punto que está cerca de poner en riesgo la propia supervivencia de ciertos sectores de la población (es decir, de una parte de la fuerza de trabajo), y las instituciones responden tratando de aumentar la oferta, que no es otra cosa que aumentar el rentismo.

El rentismo como tal resulta intocable, lo mismo que la tasa de ganancia de las empresas constructoras. Por eso, las opciones para las instituciones son la construcción de viviendas restringidas a ciertos sectores de la población, las subvenciones al rentismo o, en última instancia, la burocracia de servicios sociales. Unos servicios sociales que, con su impotencia para evitar los desahucios o su complicidad para llevarlos a cabo, culminan su solución al problema de la vivienda con brevísimas estancias en habitaciones de emergencia o, más frecuentemente, redoblando el hacinamiento de la clase trabajadora.

Hacia dónde apuntar

El apoyo a este tipo de medidas suele venir desde la perspectiva de que redistribuyen la riqueza. La intención de este artículo no es negar que lo hagan. De hecho, hemos expuesto precisamente de qué forma ocurre esta redistribución. La construcción de VPO redistribuye la riqueza de los Presupuestos Generales del Estado a un pequeño número de hogares que pueden permitirse pagar 600 euros al mes, pero que no podrían pagar 800 o 900, y también al sector de la construcción. Por su parte, los programas de movilización de vivienda vacía subvencionan a pequeños propietarios, que obtienen una renta con mayores garantías que si tuvieran que poner ellos mismos sus propiedades en alquiler.

Con esto no pretendemos señalar que estas medidas deberían ser más ambiciosas, como tanto gusta decir a los diversos vendedores de ilusión tanto fuera como dentro del Gobierno. Sólo lanzamos estas preguntas: ¿qué objetivos tenemos? Y, ¿cómo pueden servir a esos objetivos las medidas que adopten las instituciones?

Que la vivienda sea un derecho se parece a que lo que te separe de vivir en una casa ajustada a tus necesidades sea una lista de espera no muy larga, y no una parte (más grande o más pequeña) de un sueldo que no está en tus manos conseguir, que depende de un mercado de trabajo inserto en un modo de producción irracional. A las medidas institucionales que hemos mencionado en este artículo no les falta ambición: les falta servirnos de algo para lograr ese objetivo. Porque el derecho a la vivienda no es conseguir que grupos de población muy concretos tengan acceso temporal a ella. Por eso, cuando se apuesta por presionar a las instituciones para que adopten unas medidas u otras, es necesario tener claro por qué eso ayuda de algún modo a garantizar el derecho a la vivienda. ¿Fortalecen el movimiento de vivienda? ¿Tienen algún carácter universal que nos facilite salir de dinámicas asistencialistas? ¿Qué fuerza ha conseguido que se lleven a cabo, y con qué objetivo? Esto sirve para cualquier acción de un colectivo organizado: desvincular medios y fines no es más que un ejemplo de práctica desorientada.

El movimiento de vivienda de Madrid ha estado atrapado demasiado tiempo corriendo en la rueda de hámster de la presión a las instituciones por medidas que, aun estando lejos de servir de ayuda para garantizar el derecho a la vivienda, se tomaban como un fin en sí mismo. Para salir de ahí, necesitamos que cale poco a poco la necesidad de explicar, ante cada camino que tomemos, por qué creemos que nos lleva a conseguir nuestros objetivos.

Camila V.

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