Hace unas semanas nos enteramos de que un vecino de Getafe, Dani Gallardo, después de 13 meses de prisión preventiva había sido sentenciado: 4 años y medio de cárcel. 4 años y medio apartado de familiares y amigos, y todo por acudir a una manifestación y defenderse de unas cargas policiales. Esta situación, más que injusta, consternadora o humillante es un punto en el que pararnos a reflexionar y, sobre todo, preocuparnos.
Partamos de los hechos: Movilizaciones de octubre de 2019 en respuesta a la condena del Procès. Se trata de un contexto de elevada combatividad en Catalunya que contagiaba al movimiento popular de todo el Estado, en especial el de Madrid. Allí, la manifestación del 16 de octubre desembocó en persecuciones y cargas policiales. Había varios detenidos, entre ellos Dani.
Dani es, a todas luces, un rehén del Estado.
Tras pasar a disposición judicial, se le traslada a Alcalá-Meco. Las únicas pruebas, la declaración del antidisturbios, una foto de un palo con clavos hecha en comisaría una hora antes (!!!) y un parte de lesiones en el que se le receta un ibuprofeno al policía “agredido”. Desorden público y atentado contra la autoridad y lesiones. Se le impuso la prisión preventiva, una medida cautelar de encarcelamiento previo a juicio. Para meter a una persona en prisión sin juicio, la justificación legal tiene que estar bien desarrollada y con congruencia. Pues bien, uno de los autos emitidos por la jueza a raíz de los recursos expuestos por la defensa de Dani fue, literalmente, “[Daniel Gallardo está en prisión] debido a la gravedad de los hechos”. Sin ningún tipo de desarrollo más. Y así llegó a rechazar varios recursos de libertad.
El Estado avisa: Todo aquel que pretenda resistirse puede pasar por esto.
En la misma tónica encontramos al Ministro torturador Grande-Marlaska cuando decía que Dani y el resto de presos políticos relacionados con el Procès (alrededor de 40) permanecerían bajo preventiva “mientras hubiera protestas”. Esto demuestra que el motivo para encarcelar a dichas personas es esencialmente político y chantajista. Dani es, a todas luces, un rehén del Estado.
La estrategia de la fiscalía, de la jueza y del Ministerio de Interior ante el caso de Dani es a grosso modo la misma que ante cualquier otro represaliado político: la de usarlos instrumentalmente para infundir el miedo entre las clases populares. Se trata de un claro aviso a navegantes: todo aquel que pretenda resistirse puede pasar por esto. Cabe decir que esta sentencia, debido a la jurisprudencia, facilita que se ejecuten otras similares.
Cada caso tiene que servir para reavivar la llama de la solidaridad.
El verdadero significado de todo esto, más allá de la indignación que nos pueda producir tal injusticia, es que se entrevé claramente el funcionamiento de la maquinaria represiva. Por un lado, la cohesión con la que actúa el entramado estatal a la hora de realizar una operación de tal relevancia política como esta. Por otro, la facilidad que han tenido para hacerlo, entendiendo esto por la falta de pruebas verídicas y sosteniéndose sobre tal maraña de absurdos.
Sin embargo, la realidad es que ningún represaliado está solo. Movimientos antirrepresivos de todo el Estado se organizaron para que el caso de Dani se extendiera a todas partes, para que su paso por prisión fuese lo más liviano posible. Esa es la clave: entre todos podemos ofrecer una alternativa a la represión del Estado. Cada caso tiene que servir para reavivar la llama de la solidaridad. Sólo así podremos hacer frente a la miseria de la represión.
